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Suiza y la UE discrepan sobre la vigilancia masiva

La nueva ley antiterrorista suiza permite a la policía federal ordenar medidas de vigilancia electrónica sin la aprobación de un tribunal y utilizar los datos recopilados para un fin distinto del que prevé la ley, según un experto. Westend61 / Jess Derboven

El acuerdo marco entre Suiza y la Unión Europea (UE) ha saltado por los aires justo cuando Bruselas pretende regular la vigilancia masiva basada en la inteligencia artificial (IA). Esto abre dudas sobre el futuro de las normas de privacidad en Suiza, ahora que los votantes acaban de aprobar una de las leyes antiterroristas más duras de Europa.

Este contenido fue publicado el 26 julio 2021 - 08:31

A finales de mayo, el Gobierno suizo enterró el acuerdo marco con la UE después de siete años de negociaciones, dando así un golpe de timón en las relaciones bilaterales con Bruselas. Poco después, el 13 de junio, el pueblo suizo se pronunció claramente a favor de la ley federal de lucha contra el terrorismo, que otorga a la policía mayores poderes para actuar de forma preventiva. 

La ruptura con la UE se produce en un momento crucial de los esfuerzos europeos para combatir el uso de las tecnologías de vigilancia de la población por parte no solo de empresas privadas, sino también de las fuerzas policiales. De hecho, la Comisión Europea está trabajando en la primera legislación del mundo para regular la inteligencia artificialEnlace externo (IA). La propuesta que se debate en la actualidad aborda los riesgos de esta tecnología y define obligaciones claras respecto a sus usos específicos.

En el punto de mira de Bruselas están los sistemas de identificación biométrica (el reconocimiento facial es uno de ellos), que se están extendiendo cada vez más en los espacios públicos –a menudo sin el conocimiento de la población–, con fines de vigilancia, recopilación de datos y aplicación de la ley.

A principios de este año, Amnistía Internacional lanzó una campaña contra el uso de tecnologías de reconocimiento facialEnlace externo con fines de identificación tanto por parte de organismos estatales como de agentes del sector privado. Según la oenegé, “el reconocimiento facial corre el riesgo de convertirse en un arma en manos de las fuerzas del orden contra las comunidades marginadas de todo el mundo”. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional también se manifestó abiertamente contra la nueva ley suiza sobre las medidas policiales para luchar contra el terrorismoEnlace externo, por considerarla “peligrosamente vaga” y “una amenaza para el futuro”. Dado que la ley contribuye a aumentar la vigilancia, podría incrementar indirectamente el uso de estos sistemas de identificación que Bruselas pretende prohibir, dicen los observadores.

“En el contexto liberal-democrático europeo, la ley suiza es sin duda una de las más extremas, ya que otorga un poder sin precedentes en algunos casos a la policía federal”, según advierte Lukas Hafner, coordinador de la campaña de Amnistía Suiza en el ámbito de la tecnología y los derechos humanos.

¿Hacia dónde mira el ojo electrónico de la ley?

Aunque la ley antiterroristaEnlace externo no menciona expresamente la vigilancia con cámaras, autoriza a la policía federal (fedpol) a ordenar “la vigilancia electrónica de un terrorista potencial”, por ejemplo, con una pulsera electrónica (art. 23q). Más controvertido es el hecho de que las medidas de vigilancia electrónica sean decididas por fedpol sin la aprobación de un tribunal y que los datos recopilados puedan ser utilizados para un fin distinto del que prevé la ley, subraya Frédéric Bernard, profesor de derecho público de la Universidad de Ginebra.

Consultada por SWI swissinfo.ch, fedpol declara que no utiliza sistemas de reconocimiento facial y niega cualquier relación entre las medidas preventivas descritas en la nueva ley y el uso de tales tecnologías.

Sin embargo, algunos cuerpos de policía cantonales ya aplican sistemas biométricos para investigar los delitos cometidos en el caso de un procedimiento penal. La policía de San Galo, por ejemplo, utiliza un software de investigación sueco, el Griffeye Analyze DI ProEnlace externo, que analiza grandes cantidades de datos mediante la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. El sitio web del fabricante, Griffeye Technologies, dice que el software puede relacionar “los metadatos con fuentes abiertas en internet” e identificar los rostros utilizando grandes volúmenes de “imágenes del mundo real”.

En el mundo, hay al menos 4 000 millones de personas que tienen un perfil en la web del que podrían extraerse esas “imágenes del mundo real”.

Hanspeter Krüsi, jefe de comunicación de la policía de San Galo, explica en un correo electrónico que el material recopilado “será comparado por el sistema con las imágenes de la base de datos de la policía para buscar coincidencias”. Las comprobaciones finales las realizaría una persona de carne y hueso.

“Cada cantón tiene que decidir por su cuenta si quiere utilizar esta tecnología de forma inteligente y si dispone de las bases legales necesarias para hacerlo”, escribe fedpol a SWI swissinfo.ch. ¿Y si no existen leyes claras que definan el marco de aplicación de las tecnologías, se puede decidir qué es sensato y qué no?

“Existe un riesgo de arbitrariedad y de abuso que no puede pasarse por alto, sobre todo por conceptos formulados de forma imprecisa”, dice a SWI swissinfo.ch Jean-Philippe Walter,  comisario suizo para la protección de datos en el Consejo de Europa.

Todas las miradas puestas en Suiza

Últimamente, Amnistía Internacional ha seguido de cerca la situación de los derechos fundamentales en Suiza, sobre todo por el riesgo de que aumente la vigilancia indiscriminada de la población.

“La ley antiterrorista suiza conducirá claramente a un aumento de la vigilancia de un creciente número de personas, ya que la policía federal quiere identificar a ‘terroristas potenciales’ antes de que cometan un delito. Es plausible que las tecnologías biométricas puedan utilizarse en este contexto”, sostiene Lukas Hafner. El representante de Amnistía advierte, sin embargo, que esto podría tener un impacto desproporcionado en personas que de por sí ya están marginadas y discriminadas.

La policía podría, por ejemplo, decidir instalar cámaras fuera de los lugares de reunión de posibles sospechosos –como una mezquita que ya está en el punto de mira– como medida preventiva, señala el activista de Amnistía.

“Estos sistemas plantean problemas no solo en términos del derecho de igualdad y no discriminación, sino también de libertad de expresión y reunión, además del derecho a la privacidad”, sostiene Hafner. De hecho, la ley antiterrorista suizaEnlace externo establece que las “opiniones y actividades religiosas y filosóficas” pueden ser objeto de vigilancia y justificar el tratamiento de datos personales muy sensibles (art. 23h).

Sin reglas, no hay derecho

En algunos países, como Estados Unidos y China, el reconocimiento facial se utiliza sistemáticamente con fines de orden público y, en el caso de China, incluso para clasificar el comportamiento social. En Europa, Bélgica y Luxemburgo son los únicos dos de tres países en el mundo donde está prohibido el uso de tecnologías de identificación biométrica. El tercero es Marruecos.

Contenido externo

Con su propuesta de ley sobre la IA, la Comisión Europea pretende prohibir la identificación biométrica en los espacios públicos de todos los Estados miembros de la UE y sancionar a quienes no cumplan las normas.

Aunque cuenta con una ley de protección de datos, que se ajusta en parte al Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), Suiza no tiene nada comparable a la normativa tecnológica europea. “Por eso debería volver a sentarse a la mesa con la UE y ayudar a dirigir el debate sobre la gobernanza de las nuevas tecnologías lo antes posible”, dice a SWI swissinfo.ch Ricardo Chavarriaga, director de la oficina suiza de CLAIREEnlace externo, la Confederación de Laboratorios de Investigación de Inteligencia Artificial en Europa.

¿Una nueva norma?

La ley propuesta por la Comisión Europea permite el uso del reconocimiento facial en el caso de “delitos graves”, principalmente asociados al terrorismo. Pero, según Chavarriaga y otros expertos, supone un avance importante y está destinada a convertirse en una norma en el sector de la alta tecnología.  

Por ello Chavarriaga considera que los costes de no alinearse o alinearse tarde con la legislación europea serían muy elevados. El experto en IA teme no solo por la competitividad de los productos tecnológicos suizos en el mercado mundial, sino también por los derechos humanos.

“Algunas áreas de aplicación de las tecnologías de alto riesgo, como las que utiliza la policía para hacer cumplir la ley, podrían tener efectos nefastos para la población”, sostiene Chavarriaga. “Las fuerzas policiales son solo el último eslabón de la cadena: los sistemas que utilizan son producidos por empresas que les prometen ahorrar dinero y eficiencia, muchas veces sin ofrecer ninguna garantía real”.

Nadie compraría un ascensor sin un certificado de seguridad, o un reloj que no funciona, subraya Chavarriaga. Los requisitos tienen que ser proporcionales a los riesgos, agrega. ¿Por qué debería ser diferente para los sistemas de IA, especialmente cuando están en juego los derechos fundamentales?

Traducción del italiano: Belén Couceiro

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