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Por qué la nueva ley antiterrorista suiza amenaza a los activistas

Ti-press / Alessandro Crinari

Para los críticos la nueva ley antiterrorista suiza es peligrosa, ineficaz y poco profesional. Y es que esta ley hace una definición demasiado amplia del terrorismo, por lo que podría poner en peligro a algunos activistas políticos, según distintos expertos. ¿Alarmismo o temores fundados? SWI swissinfo.ch lo ha investigado.  

Este contenido fue publicado el 14 julio 2021 - 08:25

“Tenemos miedo a que los activistas tamiles que viven en Suiza se conviertan en blanco de la nueva ley sobre el terrorismo”, afirma Nitharsan*, que ha nacido y crecido en Suiza. Hoy, vive en Basilea y con la organización juvenil tamil ‘Phoenix - the Next Generation’Enlace externo lucha en Suiza por la autodeterminación de la minoría tamil en Sri Lanka.

“Por nuestras actividades políticas el Gobierno esrilanqués nos considera terroristas”, dice Nitharsan. Este activista evita viajar a su país de origen, donde podría ser detenido en virtud de la Ley de prevención del terrorismo de Sri Lanka. Esta base legal se amplió tras los atentados de Semana Santa de 2019 en los que casi 280 personas murieron en la capital del país, Colombo. Los defensores de los derechos humanos criticanEnlace externo estas nuevas disposiciones, ya que temen que puedan servir para reprimir la disidencia política.  

Tras la aprobación de las medidas policiales antiterroristas en la votación popular celebrada el 13 de junio, Nitharsan teme que su activismo le lleve a que Suiza también lo incluya en una lista de “posibles terroristas”. Si esta información se comparte con los servicios de inteligencia extranjeros, los activistas tamiles y sus familiares se verían en peligro. “Quienes se van de vacaciones a Sri Lanka y a la India o a Malasia podrían ser detenidos simplemente por tener relación con nosotros. Y en esos países podrían ser torturados. No es como en Suiza”, reconoce Nitharsan.

Una ley peligrosa

A primera vista, el escenario parece alarmante. Suiza es un Estado de derecho que en cuestiones democráticas se erige en ejemplo. Resulta difícil imaginar que una persona que no ha cometido ningún delito pueda ser clasificada como posible terrorista.  

Pero el relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils MelzerEnlace externo comparte los temores de los activistas tamiles. “Todos los días trato casos de este estilo. En países poco respetuosos con los derechos humanos desaparece gente constantemente por el mero hecho de estar en una lista de posibles terroristas, cuyo origen ni siquiera se conoce”. Melzer cita el ejemplo de Pakistán, donde “de media, al día desaparecen dos personas a manos de los servicios de seguridad”.     

Tampoco puede pensarse que la Confederación se vaya a guardar esta información para sí misma. El relator especial tiene claro que “en la actualidad no podemos luchar contra el terrorismo sin colaborar con otros servicios de seguridad. Este tipo de listas se intercambian. La práctica incluso está prevista en la ley de inteligencia”.

Legislación poco profesional

La nueva ley permite a la Oficina Federal de Policía (fedpol) adoptar una serie de medidas concretas contra quien sea sospechoso de ser una amenaza. Entre estas medidas están el poder ser interrogado, tener que presentarse regularmente ante una autoridad o ser sometido a arresto domiciliario. El objetivo de prevenir los ataques terroristas es loable, desde luego. “Yo mismo he perdido a compañeros víctimas del terrorismo. No digo que no debamos actuar, pero debemos hacerlo de forma profesional”, recalca Melzer.

“Suiza ahora tiene una definición de terrorismo más amplia y vaga que cualquier otro Estado democrático”

Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura

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El problema principal radica en la definición que la nueva ley hace del terrorismo. Esta ley lo define como “acciones destinadas a influir o alterar el orden del Estado y que son susceptibles de realizarse o promoverse mediante delitos graves o la amenaza de cometer tales delitos o la propagación del miedo”.

En el resto de los países del mundo, un terrorista debe tener la intención de cometer un delito violento para sembrar el miedo por razones políticas, explica Nils Melzer. “En Suiza en este momento alguien que no tiene la intención de cometer ningún delito puede ser calificado como ‘posible terrorista’. La Confederación ahora tiene una definición de terrorismo más amplia y vaga que cualquier otro Estado democrático”, lamenta el relator de la ONU suizo. Melzer teme incluso que los Estados dictatoriales se inspiren en la legislación helvética. “Estamos dando un ejemplo espantoso”, reconoce. 

Como resultado, los activistas de todo tipo podrían sentirse preocupados por esta definición, dice el relator, que cita –en especial– a los activistas tamiles, kurdos, tibetanos y musulmanes, así como a los militantes ecologistas.

Las promesas de la Confederación

Durante la campaña para la votación de la ley contra el terrorismo, la ministra de Justicia y Policía, Karin Keller-Sutter, aseguró que estas medidas no se aplicarían a los activistas. “Para ser un posible terrorista, realmente hay que representar un peligro”, dijo en una entrevistaEnlace externo al periódico Le Temps.

También se muestra tranquilizadora la Oficina Federal de Policía (fedpol). “Las opiniones radicales no son suficientes para poder ordenar medidas policiales de lucha contra el terrorismo”, ha declarado a SWI swissinfo.ch por escrito Florian Näf, su portavoz. La Fedpol afirma, asimismo, que la nueva ley no prevé que se lleven a cabo listas de potenciales terroristas. “Se trata siempre de una evaluación caso por caso basada en hechos observables”, precisa el portavoz. 

Efectivamente, se puede suponer que, como Estado democrático, Suiza aplica su ley antiterrorista de forma no discriminatoria, pero ahora existe una base legal para atacar a activistas molestos. Las promesas del Gobierno no convencen a Nils Melzer. “Al principio, sin duda, la ley se aplicará con sensatez, pero las autoridades empezarán a explotar el espacio del que disponen”, sostiene.

Según Melzer, la Confederación ya ha utilizado el aparato de represión incluso antes de que la ley entrara en vigor, y menciona los registros –a finales de mayo– en los domicilios de los activistas climáticos que habían convocado una huelga militar. El relator especial de la ONU considera que una crisis puede cambiar la situación política y hacer que este tipo de leyes se apliquen de manera más amplia. “Se podría pensar que la pandemia está provocando tensiones y que quienes son escépticos ante el coronavirus empiezan a ser tratados como terroristas”, señala.  

Incorporar salvaguardias para prevenir abusos es difícil en esta etapa. “Es muy importante introducir ordenanzas que aclaren la ley y la restrinjan”, dice Melzer. Sin embargo, se muestra escéptico ante la capacidad del Gobierno para hacerlo. El relator especial trae a la memoria el escándalo de las fichas policiales en 1989. Suiza descubrió que 900 000 personas habían sido vigiladas.

O más recientemente el caso del espionaje internacional Crypto AG. “Estos escándalos han demostrado que el Gobierno no siempre sabe lo que hace el servicio de inteligencia y, en el pasado, no ha sido capaz de controlarlo como un Estado de derecho debería”, afirma Nils Melzer. 

El ejemplo francés  

Frédéric Bernard, profesor de Derecho Público en la Universidad de Ginebra, también cree que la nueva ley representa una amenaza para el activismo político. Y dice que este fenómeno ya se ha observado en Francia. “Los poderes especiales concedidos al Gobierno tras los atentados de 2015 en París se utilizaron para poner bajo arresto domiciliario a los activistas climáticos”, recuerda el profesor. Este es el caso del ecologista Joël Domenjoud, cuyo testimonioEnlace externo recoge la página web de la organización en defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional. 

“En Francia, las comunidades árabes y musulmanas son sobre todo las afectadas por las medidas adoptadas bajo el estado de excepción”

Nadia Boehlen, portavoz de Amnistía Internacional Suiza

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Amnistía Internacional también cree que la ley antiterrorista suiza abre la puerta a la arbitrariedad. “Las personas corren el riesgo de ser detenidas por criterios discriminatorios”, se lamenta la portavoz de la sección suiza de la ONG Nadia Boehlen. Y explica que Francia ya lo ha experimentado, “las comunidades árabes y musulmanas son sobre todo las afectadas por las medidas adoptadas bajo el estado de excepción”.    

Medidas ineficaces

Si bien la ley parece transigir con el Estado de derecho, ¿cabe esperar que permita evitar ataques en territorio suizo? No es lo que opina Nils Melzer, quien considera que la legislación es ineficaz. A ojos del relator especial de la ONU, las medidas preventivas propuestas no son básicamente malas, pero en el proceso de radicalización llegan demasiado tarde, ya que el texto determina que únicamente pueden adoptarse “sobre la base de indicios concretos y actuales de que la persona llevará a cabo actividades terroristas”.     

“A un terrorista dispuesto a actuar no vamos a impresionarle con la amenaza del arresto domiciliario. La gente radicalizada está dispuesta a sacrificar su vida”, afirma Nils Melzer.

*nombre conocido por la redacción

Traducción del francés: Lupe Calvo

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