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Directiva sobre la ciudadanía europea: ¿es el lobo tan feroz como lo pintan?

Keystone / Martin Meissner

Suiza se resiste a adoptar la directiva sobre la ciudadanía europea porque teme que los ciudadanos comunitarios invadan el sistema suizo de asistencia social. Otros países ricos como Alemania y Austria también conocen ese miedo a una “inmigración en busca de prestaciones sociales”.

Este contenido fue publicado el 19 mayo 2021 - 08:50

Una familia alemana se vio al borde de una situación límite porque no conocía los pormenores de la Directiva sobre la ciudadanía europea.

¿Qué ocurrió? La familia Wetenkamp se mudó de Hannover a la región de Carintia (Austria), donde había heredado una casa. Una vez allí, los padres presentaron una solicitud para que su hijo con discapacidad mental pudiera trabajar en un taller protegido. No sabían que esto implicaba una prestación social en Austria.

La respuesta de las autoridades fue contundente. Querían expulsar a la familia del país, porque los ciudadanos de la UE no nacionales no tienen derecho a recibir prestaciones sociales durante los primeros cinco años de estancia en Austria.

¿Qué es la Directiva sobre la ciudadanía europea?

La directiva es una extensión de la libre circulación de personas. Los ciudadanos y ciudadanas de la UE que vienen a trabajar a Suiza tienen el mismo derecho en materia de asistencia social que los residentes nacionales.

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La Directiva sobre ciudadanía europea establece que los ciudadanos y ciudadanas comunitarios pueden mudarse a otro Estado miembro de la UE si disponen de “recursos suficientes” para no depender de prestaciones sociales en el país de acogida. Una vez cumplidos los cinco años de estancia legal, pueden establecerse de forma permanente en el país y, por lo tanto, tienen derecho a percibir prestaciones sociales.

Suiza no quiere la directiva sobre la ciudadanía europea

La directiva es uno de los escollos para la firma del acuerdo marco que Suiza ha negociado con la Unión Europea.

¿Qué es el acuerdo marco?

Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero está integrada en el espacio económico europeo gracias a una serie de acuerdos bilaterales. Bruselas quiere regular las cuestiones institucionales en un acuerdo marco que reemplace los tratados existentes. La UE quiere que Suiza firme el acuerdo marco que ambas negociaron entre 2014 y 2018. Pero en Suiza hay resistencia política a varios puntos del acuerdo.

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Bruselas quiere que Berna la adopte, pero en Suiza hay resistencia, sobre todo, por parte de la derecha política. Los adversarios temen que sea difícil expulsar a los ciudadanos y ciudadanas comunitarios delincuentes. Además, según los opositores, facilitar a la ciudadanía europea el acceso a las ayudas sociales conducirá a un flujo de inmigrantes que solo busquen beneficiarse con el sistema de asistencia social helvético.

¿Es tan grave como lo pintan?

Un reciente estudio del think tank liberal Avenir SuisseEnlace externo muestra que, en el peor de los casos, la adopción de la directiva europea costaría a Suiza “solo” 75 millones de francos más al año y las normas en Suiza sobre acceso a la asistencia social apenas cambiarían con la directiva sobre la ciudadanía europea. El think tank cita, entre otras razones, la interpretación restrictiva que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la directiva.

El profesor de la Universidad de Salzburgo y experto en Derecho Europeo Peter Hilpold ha evaluado la jurisprudencia del TJUE sobre la directiva de ciudadanía europea. Su conclusión es que desde 2014 “el TJUE parece haber entendido las señales de los Estados miembros de que una interpretación demasiado amplia de la directiva sobre los derechos de la ciudadanía encuentra un amplio rechazo”. Por lo tanto, no se puede hablar de que en la actualidad exista un riesgo de una inmigración para beneficiarse de la asistencia social.

Una directiva controvertida también en la UE

“Últimamente, la Directiva sobre la ciudadanía europea ha dejado de ser un tema controvertido en la UE”, señala el finlandés Panu Poutvaara, director del Centro de Comparación Institucional Internacional e Investigación sobre Migración en el Instituto ifo de Múnich y profesor de Economía en la Universidad Ludovico Maximiliano.

Hace unos años la polémica alcanzó un punto álgido y generó intensos debates sobre todo después de la ampliación al este de la UE. Según Poutvaara, “antes de la ampliación al este, la UE era mucho más homogénea, por lo que la cuestión del nivel de las prestaciones sociales no generaba tanta polémica”. Además, los Estados miembros de la UE tienen sistemas de seguridad social muy diferentes.

Tras la apertura del mercado laboral alemán a los ciudadanos y ciudadanas de Bulgaria y Rumanía en 2014, el número de beneficiarios de la ayuda social (conocida como Hartz IV) procedentes de estos dos países se triplicó en cinco años. “Hay búlgaros que reciben la ayuda Hartz IV, pero la directiva sobre ciudadanía europea establece restricciones para evitar que el problema se agrave”, explica Poutvaara. Por consiguiente, la llegada de “inmigrantes en busca de ayudas sociales” que se observa es mínima.

“Para Suiza prevalecen los aspectos positivos”

Poutvaara comprende los temores que suscita la directiva en Suiza, precisamente porque el nivel de las prestaciones sociales es más elevado que en otros países de la UE. “Pero, en general, los aspectos positivos para Suiza prevalecen sobre los negativos, porque el país se beneficia enormemente del acceso al mercado de trabajo comunitario”, sostiene. Para un empleado o un obrero, el dumping salarial que representa la afluencia de trabajadores extranjeros es desagradable, pero la economía en su conjunto sale ganando con la libre circulación de personas.

En su opinión, Suiza no se verá invadida por una ola de “inmigrantes sociales” extranjeros una vez que entre en vigor la directiva de la UE, porque esta prevé restricciones suficientemente estrictas. Por ejemplo, solo pueden permanecer más de tres meses en Suiza las personas que tengan trabajo, suficientes recursos para mantenerse o familia en el país.

Por cierto, el caso citado al principio del artículo tiene un final felizEnlace externo: un tribunal austriaco impidió recientemente la expulsión de la familia alemana, argumentando que la familia disponía de suficiente dinero sin depender de la ayuda social estatal. Al fin y al cabo, se trataba de un mero puesto de trabajo en un taller para personas discapacitadas.

Traducción del alemán: Belén Couceiro

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