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Suiza acusada de socavar leyes internacionales

Iniciativas como aquella aprobada en Suiza el 9.2.14 para el establecimiento de cuotas de trabajadores procedentes de la UE, inquietan a Amnistía Internacional. Keystone

En su informe anual, Amnistía Internacional destaca el choque entre leyes internacionales en materia de derechos humanos e iniciativas populares suizas, y manifiesta su preocupación por el tratamiento a deportados, la situación de las prisiones y las políticas helvéticas en torno al uso del velo.

Este contenido fue publicado el 25 febrero 2015 - 15:45
swissinfo.ch

El Informe de Amnistía Internacional 2014Enlace externo, publicado este miércoles, destaca la tendencia general antiinmigración en Europa.

“La influencia de nacionalistas y actitudes xenófobas apenas veladas se hicieron particularmente evidentes en políticas migratorias cada vez más restrictivas, pero también se reflejan en la creciente desconfianza en autoridades supranacionales”, puntualiza el informe.

De acuerdo con el texto, Suiza acusa los marcos establecidos y los principios sobre derechos humanos.

Amnistía Internacional (AI) subraya el comportamiento del Reino Unido y de Suiza, “con partidos políticos en el Gobierno que atacan abiertamente a la Corte Europea de Derechos Humanos”.

Para la organización internacional, iniciativas populares como aquellas para el establecimiento de cuotas de trabajadores procedentes de la Unión Europea, o la deportación de extranjeros que delincan, son incompatibles con las obligaciones de Suiza en el marco de la ley internacional sobre derechos humanos.

Una vergüenza

“Es una vergüenza que dos países democráticos como Suiza y el Reino Unido, que se han beneficiado de la Corte Europea de Derechos Humanos, la desafíen ahora por la presión de algunos sectores de la población”, subraya Nadia Boehlen, portavoz de Amnistía Internacional en Suiza, en entrevista con swissinfo.ch.

“Hay un movimiento político respaldado por la Unión Democrática del Centro (UDC/derecha conservadora) que pone en tela de juicio la Corte Europea de Derechos Humanos y las propias normas internacionales de derechos humanos con el argumento de que Suiza es soberana y no tiene que prestarles atención”, acota.

“La UDC ha realmente criticado muchas veces la dinámica y excesiva práctica de la Corte Europea de Derechos Humanos”, señala a swissinfo.ch, Martin Baltisser, secretario de la formación política.

“El partido no cuestiona los derechos humanos. Estos están muy bien establecidos en la constitución federal y fueron respetados e interpretados por Suiza incluso antes de que fueran inscritos en la Convención Europea sobre Derechos Humanos”, añade. 

El informe de AI se pronuncia porque Suiza dé seguimiento a las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en cuanto al establecimiento de un mecanismo independiente que garantice la inexistencia de conflictos entre iniciativas suizas y leyes internacionales de derechos humanos.

“Tal mecanismo independiente sería útil en muchos niveles”, explica  Boehlen. “Sería de gran ayuda para descartar iniciativas incompatibles y contribuiría en la aplicación de iniciativas actuales que están en conflicto con leyes internacionales”.

La UDC propone una solución diferente. “El partido ha presentado,  entre otras, la iniciativa popular  ‘Leyes suizas en lugar de jueces extranjeros’, Enlace externoque clarificará la relación entre las leyes del Estado y las leyes internacionales. 

Deportación y discriminación

El informe de Amnistía también cita igualmente las acusaciones formuladas contra la policía por la Comisión Nacional Suiza para la Prevención de la Tortura (NCPT) y organizaciones no gubernamentales, por el uso excesivo de la fuerza durante las deportaciones.

En referencia al peligro que representa la deportación de migrantes, AI cita el caso de los dos solicitantes de asilo tamiles que fueron detenidos en Sri Lanka tras su expulsión de Suiza en 2013.

Además, el informe destaca su preocupación en lo que concierne al empleo femenino de velos y refiere las prohibiciones establecidas en una escuela de San Gallen en marzo de 2014 y en el Tesino, en 2013, como signos de intolerancia.

El texto menciona igualmente las recomendaciones del CERD al Gobierno suizo para que defina claramente la discriminación racial en todos los aspectos de la ley a fin de garantizar la protección de las víctimas.

El Comité había pedido al Gobierno prevenir la discriminación racial o étnica durante los controles de identidad, registros y otras operaciones policiales.

Amnistía Internacional señala igualmente que Suiza no ha cumplido con las normas internacionales en lo que respecta a condiciones carcelarias. La prisión de Champ-Dollon, en el cantón de Ginebra, recibió una mención especial por las condiciones inhumanas de detención y hacinamiento.

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